En Venezuela es fácil ser “revolucionario” del partido de gobierno, o mejor ministro, diputado, gobernador o concejal oficialista, para estimular impunemente el odio y la agresión violenta contra los productores y las empresas del agro que producen alimentos y son fuente de empleo y bienestar.
Lo que no es fácil es sembrar la tierra y criar del ganado, como hacen y han hecho nuestros productores, generación tras generación, aguantando estoicamente a cada gobierno de turno que quiera inventar la rueda. Menos soportar las dificultades de los controles de cambio y de precios, y también que desde hace ya 10 años, el Gobierno nacional, Gobernaciones, Alcaldías y diputaciones, dirijan y promuevan el terror agrario contra ellos por el solo hecho de ser propietarios de fincas y para despojarlos de su inversión y trabajo y repartirlos a cambio de votos que compran con las tierras ajenas y el dinero público abusivamente desviado al proselitimo político.
Como quiera que en Venezuela el terror agrario tiene nombres y apellidos, todos aquellos que lo dirigen, promueven o ejecutan, amparados o no en sus inmunidades sea de tipo parlamentaria o del llamado antejuicio de mérito, deben tener presente que no habrá impunidad para ninguno cuando esta “revolución” acabe. Entonces las cuentas tendrán que ser cobradas y pagadas porque al final “revolucionario”, prevalecerá la justicia.
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