Notas Agropecuarias Venezuela

En la República Bolivariana de Venezuela, la invasión de fincas es un delito conforme al Código Penal reformado y publicado en la Gaceta Oficial N° 5.763 Extraordinaria del 16 de marzo de 2005, tipificado por el Artículo 471-A: “Quien con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno, inmueble o bienhechuría, ajenos, incurrirá en prisión de cinco años a diez años y multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a doscientas unidades tributarias (200 U.T.).”

El sólo hecho de invadir, sin que se obtenga provecho, acarreará la pena anterior rebajada a criterio del Juez hasta en una sexta parte.

La mayoría de las invasiones son promovidas por inescrupulosos funcionarios o sujetos ligados a la actividad política, valiéndose del estado de necesidad en algunos casos o de la complicidad en otros, de personas que aducen no tener vivienda o que requieren de tierras para labrarlas, sin contar con los recursos correspondientes.

Estas invasiones terminan destruyendo unidades en producción en muchos casos, siendo apropiados sus equipos y animales, cuando no como medio para otros delitos como la extorsión para beneficio político o económico de quienes auspiciaron la invasión. Para estos inescrupulosos autores intelectuales, el legislador del año 2005, previó en el mismo artículo 471-A un aumento de la pena: “La pena establecida en el inciso anterior se aplicará aumentada hasta la mitad para el promotor, organizador o director de la invasión. “

Y cuando la invasión se realiza en un fundo la pena es mayor aún por atacar una unidad de producción o por valerse de la menor vigilancia en inmuebles rurales que en urbanos. Se incrementará la pena a la mitad de la pena aplicable cuando la invasión se produzca sobre terrenos ubicados en zona rural.

La disposición transitoria Décimo Tercera de la reciente reforma de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicada en la Gaceta ficial extraordinaria Nº 5771 del 18/5/2005, castiga expresamente las invasiones conforme sigue: “Quedan excluidos del derecho de djudicación de tierras, de la garantía de permanencia y demás beneficios de esta Ley, los ciudadanos y ciudadanas que hayan optado or las vías de hecho, la violencia o actos ilícitos para ocupar tierras agrarias desde el 1 de octubre de 2001.”

De manera que el Instituto Nacional de Tierras - INTI, tiene mucho que explicar sobre la cantidad de adjudicaciones de tierras, garantías de permanencia y otros beneficios que habría ilegalmente otorgado hasta ahora y que seguiría otorgando a los invasores de fincas que entonces se multiplican con perjuicio de la propiedad privada y la producción agroalimentaria que declina.

Por todo esto ante las invasiones de fincas que suceden, las autoridades nacionales, regionales o locales, civiles y militares, están en la obligación de actuar sin titubeos al ser notificadas por los propietarios o tener conocimiento del hecho por cualquier otra vía, pues las invasiones de fincas constituyen delito penado por Ley, siendo todas sin excepción actos ilegales, debiendo entonces los invasores responder por sus actos ante la justicia, como las autoridades por su inacción, negligencia, tardanza o complicidad, en erjuicio de los propietarios afectados.

La evaluación de suelos agrícolas y propuesta de creación del sistema nacional de suelos dentro del Convenio Cuba-Venezuela, ejecutó entre 2006 y 2007 el 100% de los recursos asignados por monto total de Bs. 8.436.816.400.  El resultado físico del proyecto determinó que en 2007 solo se levantó y estudiaron 228.823 hectáreas de 400.000 propuestas para un avance físico de apenas 57,20 %.

El incumplimiento del contratista, el aumento de los costos, y la escasez de materiales y accesibilidad al lugar para los proyectos de pueblos comunales, fueron señalados en la Memoria y Cuenta 2007 del Ministerio de Agricultura y Tierras - MAT, como obstáculos a la gestión. De acuerdo a la mitad de resultados, el MAT gastó entonces casi el doble del presupuesto asignado como si nada.

Sin discusión son muy merecidos para todo los que trabajamos estos días del asueto pascual. Unos los disfrutan en la playa, el campo, la montaña, y otros se quedan en la ciudad o viajan al exterior.

La única observación que no es crítica, es que vacacionar para “cargar las pilas” como llamamos aquí, pasa por ignorar , como el avestruz que esconde la cabeza, todo lo que alrededor acontece. Como el trágico drama que transcurre de la enorme crisis política, social y económica que carcome a Venezuela y que debemos resolver los venezolanos antes de que las consecuencias sean mayores, restituyendo a plenitud la democracia, libertad y derechos conculcados por el Gobierno que obsecadamente insiste en avanzar en solitario y llevar el país hacia el abismo, con su proyecto Castro-comunista que los ciudadanos rechazamos ya el 2 de diciembre de 2007.

Por eso hoy Jueves Santo, no puede uno como ciudadano, menos como cristiano, pasar por alto la grave situación de los presos políticos que están sobreviviendo a duras penas en la cárcel, y que mejor refleja la carta pública del Comisario Iván Simonovics privado de su libertad desde hace 38 meses al igual que decenas de otros presos políticos del régimen.

“Mi vida se reduce a un pasillo de 25 mts por 1. 1/2 de ancho y un calabozo de 2×2 m. Todo a mi alrededor es concreto, sin ventilación. Solo veo la luz del sol cada 15 días. Todos aquí respiramos el mismo aire que exhalamos. A estos pasillos los llamo el corredor de la muerte.”

Por eso el Gobierno que tanto esfuerzo humanitario últimamente se plantea para liberar los secuestrados en Colombia de la guerrilla terrorista FARC, debería además y de primero, resolver el drama de los presos políticos que apenas sobreviven por su moral y principios la crueldad de su ilegal prisión, liberándolos. Esto como exigencia legítima de todos los venezolanos que no descansaremos hasta ver restituida a plenitud la democracia y la libertad en Venezuela

Nos recuerdan los propietarios afectados los nombres de más fincas, hatos y haciendas privadas invadidas, intervenidas o expropiadas, para incluir en la larga lista, que explica por si sola porque la producción agroalimentaria en Venezuela continúa mermando como consecuencia del terror agrario que rige.

Leamos: En Apure Hato San Pablo Paeño (expropiado) de los ingleses, Hato El Palito de Michael Fuentes; en Barinas hato La Madera o Mazzeyero (invadido). En Cojedes y finca La Ceibita de las hermanas Guevara; finca Palo Bayo, Hato El Yaure; en Cojedes Hato Paraima (expropiado), Hato El Charcote (expropiado), Hato El Milagro (intervenido) y Hato San José de H.Boulton (intervenido); en Lara la hacienda Bucarito de Rafael Marcial Garmendia. En Guárico, finca Bajo Grande, finca la Rivereña y la finca La Hidalguera que ha sido invadida por 60 familias y hasta le cambiaron el nombre de la finca a “La Perinola”

El Gobierno que regala a botija llena millones de petrodólares del dinero público a los gobiernos de su simpatía de Cuba, Bolivia, Nicaragua y muchos otros, dinero que muy probablemente nunca se recuperará, ahora decreta esquilmar con nueva Ley de Pesca y Acuicultura a los pescadores.

Leamos: “En el cumplimiento del deber constitucional y de responsabilidad social, los pescadores y acuicultores industriales deberán contribuir solidariamente con la entrega gratuita y directa de, por lo menos, 5% del producto capturado en la faena, para cubrir las necesidades básicas de la población de escasos recursos.”